García Pullés explicó que, según lo establece la Constitución Nacional, las provincias son titulares de los dominios originarios de los recursos naturales y que, cuando existe un establecimiento nacional en la provincia, los fines nacionales son regulados por el Estado nacional, mientras que los restantes por el Estado provincial.

Dijo que los problemas centrales del conflicto son dos: “hasta adónde alcanza la delimitación del Parque Nacional Iguazú; y qué potestades tiene la provincia dentro y fuera de ese establecimiento nacional”.

Sobre el primer punto aclaró que el terreno donde funciona el parque nacional se adquirió mediante la compra de una propiedad privada, donde en el documento legal se especificaba que correspondía “hasta el margen del río”. Por otra parte, “no puede haber propiedad privada en los cursos naturales de agua”, aclaró.

Respecto de la segunda cuestión, clarificó que “si la provincia respeta el fin turístico del parque nacional  sigue ejerciendo las demás facultades”. Y resaltó que lo que Misiones pretende “es que se respete su carácter de titular originario de los recursos naturales y su poder de policía sobre todo lo que no abarca el parque nacional”.

Tesón consideró que “es una simplificación y un error decir que la provincia pretende quedarse con lo que hoy administra parques nacionales”.

“Resulta difícil sostener que carece de sentido y sustento lo que pide la provincia”, concluyó.

Cronología del conflicto.
En 2008 la Legislatura de Misiones creó por ley el Parque Provincial del Río Iguazú, con el objetivo de proteger los recursos naturales haciendo uso de facultades provinciales que no habían sido delegadas a la Nación.

Pero la Administración de Parques Provinciales presentó una demanda contra la provincia, pretendiendo la reivindicación de un dominio sobre bienes que no le habían sido transferidos. Esta situación provocó la suspensión provisoria de la vigencia y aplicación de la ley.

En la búsqueda de herramientas que destraben este conflicto, en el 2013 la Cámara de Representantes incorporó a la ley un artículo que se refería expresamente a la imposibilidad del Poder Ejecutivo de realizar acciones que afecten los fines específicos  del Parque Nacional Iguazú, al tiempo que dejaba a salvo las facultades conferidas a la provincia.

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la ley provincial del Parque Fluvial Iguazú.